Si bien lamentablemente nunca el mundo público ha salido de las esferas de corrupción, los últimos episodios conocidos como “Casos Convenios” han hecho parecer todo lo pasado como casos aislados. Se ha descubierto una maquinaria para defraudar al estado, que vincula Empresas, personas e Instituciones prestadoras de servicios con gobiernos Regionales y Municipios, generando convenios por proyectos no existentes, destinando miles de millones de pesos en actividades que jamás fueron realizadas ni menos controladas. Es por esto, que la opinión pública y las principales autoridades del país, han forzosamente tenido que girar su interés y preocupación en este tipo de ilícito, poniendo toda la atención en las actividades que financian Gobiernos Regionales y Municipios. Muestra de esto, son las declaraciones que realizó en sus últimos días de mandato el Contralor General Jorge Bermúdez, refiriéndose a un informe de su Institución, que entre los años 2021 y 2023 detectó entre otras irregularidades la asignación directa de iniciativas de inversión a entidades ejecutoras sin fundamentación, falta de control y monitoreo oportuno de la ejecución de los convenios, falta de concordancia entre el objeto de la institución contratada y las actividades convenidas y su falta de experiencia en las iniciativas encomendadas, indicando que “…la falta de regulación permite que el virus de la corrupción se pueda propagar…”

Para confirmar las declaraciones del ahora excontralor y profundizar el trabajo que ha estado desarrollando Contraloría General de la República, la nueva Contralora (s) Dorothy Perez ha inmediatamente comenzado su gestión en el cargo, con sendas gestiones que apuntan a modificar ciertas estructuras de Contraloría, dando una potente señal de atención, creando la División de Gobiernos Regionales y Municipalidades, que deberá “…fiscalizar y velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico, el respeto del principio de probidad administrativa y el resguardo del patrimonio público, por parte de los Gobiernos Regionales y de la Administración Municipal, como asimismo de las entidades privadas que administren fondos públicos y cumplen finalidades en dichos ámbitos…”. Con esto, queda mas que explicita la situación en la que se encuentran todos los otorgantes y ejecutores de fondos públicos, quienes ahora mas que nunca, estarán bajo una supervisión mucho mas estricta y dedicada, teniendo que mejorar la forma y condiciones de rendición de cuentas de iniciativas públicas, con el fin de evitar sumarios y medidas correctivas que buscarán por parte del órgano regulador, dar señales que permitan recuperar la confianza y mejorar el uso de los recursos públicos.