Desde el año 1995, Transparency International, elabora un índice, que clasifica a distintos países de acuerdo con niveles de corrupción percibidos en el sector público. Si bien Chile desde el año 2001 ha mejorado paulatinamente su comportamiento en la medición, ubicándose en el puesto 27 de 180 países evaluados, la percepción de la comunidad debido a innumerables casos de corrupción del último tiempo en el mundo público, tienen a nuestro país remecido en una suerte de crisis de confianza, que afecta el normal funcionamiento de las instituciones y la relación que tienen estas con la comunidad.
Hay diferentes medidas que se han implementado para mejorar los índices de transparencia en el aparato gubernamental, siendo la mas significativa la ley 20.285 de acceso a la información pública y transparencia, la que aplica a municipalidades, pero que lamentablemente no ha sido correctamente implementada en la totalidad de estas, de manera de portales activos de comunicación con la comunidad, quien ha sido empoderada para exigir transparencia y claridad en el uso de los recursos públicos en general y en el comportamiento y acción de sus autoridades. Esta brecha en la utilización de esta herramienta de transparencia ha dado pie para importantes reformas se hicieron entre el 2015 y 2017 a causa de las propuestas de la Comisión Engel, con la conformación de un Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción. Dentro de los principales puntos de trabajo de este consejo anti-corrupción, se encuentra la probidad y fortalecimiento de municipios, debido a la gran importancia y contacto que tienen estos con la población, pero con una gran disparidad en los focos y recursos que tiene cada uno de ellos para hacer frente a la corrupción.
Para combatir esto, se ha propuesto una serie de medidas que consideran el apoyo del estado para entre otros puntos:
- Capacitación del personal con el fin de profesionalizar la dotación
- Cursos anuales de probidad para funcionarios de áreas sensibles.
- La obligatoriedad de la utilización por parte de los municipios del portal Chilecompras para realizar todas sus adquisiciones.
- Mayores estándares de transparencia y calidad en licitaciones y tratos directos.
- Establecimientos de unidades de control en cada municipio.
Todas estas medidas, apuntan a entregar mayores herramientas, pero también mayor control sobre la operación de municipios, abriendo la puerta para que aparte de los organismos de control como Contraloria General de la República, sean los ciudadanos quienes puedan requerir información e investigar todas las operaciones que realiza el estado.
Esta situación, va totalmente de la mano de nuevas leyes de digitalización, que buscan entre otras cosas, facilitar la generación de información, su almacenaje y posterior entrega a la comunidad, quien sin duda alguna valorará la rapidez y facilidad con que un municipio disponga de información y transparencia su diario quehacer.